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Jun 06

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SiDIU rechaza y pide la derogación de la Ordenanza de Control Biométrico

En el día de la fecha, SiDIU presentó nota al Rector de la Universidad Nacional de San Luis solicitando el rechazo y la derogación de la ordenanza 13/17 que reglamenta la implementación del control biométrico en la Universidad Nacional de San Luis.

La Asamblea de afiliadxs del SiDIU del día 1 de Junio de 2017 resolvió por unanimidad:

  • Rechazar en todos sus términos la ordenanza CS 13/17 atento a las consideraciones realizadas más abajo.
  • Solicitar su inmediata derogación
  • Continuar, profundizar, mejorar o reactivar todos los mecanismos vinculados a la evaluación de las actividades docentes incluida la encuesta que realizan los estudiantes.

El pedido de rechazo se fundamenta en las siguientes consideraciones

Desde el punto de vista político

Nuestro sindicato se ha expresado in extenso en repetidas oportunidades que se pueden consultar en el siguiente link http://sidiusanluis.com.ar/control-biometrico-de-asistencia-el-debate-es-politico/

Enfatizamos sobre esta ordenanza su carácter desmedido. En tanto se asienta en un dato o registro de identidad de las personas. Se somete así, la complejidad del trabajo docente al registro digital.

Anula a las ordenanzas y reglamentaciones vigentes sobre lo que las autoridades denominan control de las actividades docentes.

Es punitiva y disciplinadora en tanto supedita el supuesto cumplimiento de una tarea a la asistencia cuando esta es condición necesaria pero no suficiente.

Por otro lado la inmensa mayoría de las actividades de los docentes no se ajustan por distintas razones a un horario fijo sino flexible por lo que además hará rígida actividades que requieren de esa flexibilidad.

Por otro lado la Ordenanza se apoya en un paradigma del control, ajeno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lejos de sostener situaciones de privilegio solo enfatiza el carácter reduccionista, finalista y punitivo de la medida.

El SiDIU considera que el Consejo Superior no ha obrado de buena fe como establece el CCT. Se ha apoyado en un discurso del sentido común sobre docentes que no trabajan en un contexto de generalización estigmatizante. Un discurso preocupante, idéntico al paradigma neoliberal de los tiempos que corren que pone a lo público como ineficiente.

Rechazamos esta ordenanza por cuanto ni el Consejo Superior requirió, lo cual es vergonzoso y preocupante, ni las autoridades brindaron información diagnóstica sobre el supuesto ausentismo ni sobre su extensión en el tiempo.

Las autoridades y funcionarios que dicen saber de la existencia de docentes que no trabajan o no cumplen con sus tareas, no aportaron información alguna;  se desconoce su existencia o veracidad y de ser cierto, si cada uno de esos docentes tuvieron debido proceso en la averiguación/corroboración de su supuesta falta.

Finalmente el SiDIU rechaza y pide la derogación de esta ordenanza en tanto su aprobación, al mismo tiempo que es legal es ilegítima. Una profunda crisis de representatividad amenaza su implementación y puesta en práctica ya que entre el 75 y el 80% de la comunidad de la Universidad Nacional de San Luis, se expresó en franca oposición a esta ordenanza.

 

Respecto de los aspectos administrativos y técnicos este sindicato considera que:

En primer lugar nota una contradicción muy grave en los considerandos y la norma. En efecto, en los considerandos de los párrafos 7 y 8, se plantea que “un argumento de peso en la puesta en marcha de un sistema de ésta naturaleza, es la discriminación que perciben los docentes de la ciudad de Villa Mercedes al ser los únicos que deben someterse a ésta modalidad …”.

Luego en el art. 1° se establece una clara distinción entre las Facultades que han expresado su voluntad positiva en orden al control biométrico y las que se expresaron en contra, dándole a las segundas un plazo de 60 días para proponer al CS la modalidad por la que controlarán el ingreso y egreso de sus docentes.

Como se observa, lejos de eliminarse la discriminación, ésta se agrava ya que sólo el centro universitario de Villa Mercedes tendrá control biométrico, mientras que los demás podrán proponer otros sistemas o metodologías distintas. Esto podría conllevar problemas de tipo legales en tanto las condiciones laborales serían distintas para cada Facultad.

Luego en Art. 2° se establece que “cada unidad organizativa realizará las certificaciones correspondientes”. Dicho artículo no es claro en qué es una “unidad organizativa” ¿Se refiere al Dpto., Facultad, Área o alguna oficina administrativa específica como el Departamento de Personal? Esto es problemático ya que no se puede saber de forma certera quién será que realice las certificaciones y, menos aún, qué certificará, como así tampoco saber qué datos manejará.

En la norma se observa en el art. 6° establece que los CD podrán reglamentar y evaluar las excepciones que pudieran corresponder a la falta de cumplimiento de los mínimos establecidos en el art. 3°. Esto sería inaceptable en tanto se podría generar condiciones de inequidad entre trabajadores.

Nuestro Sindicato considera que a los funcionarios les cabe la figura de incumplimiento de funcionario público, toda vez que este sindicato en paritarias y en el Consejo Superior observó y así quedó documentado que las autoridades reconocen que hay docentes que no trabajan y no se inició proceso alguno de investigación. Única garantía de proceso justo ante una supuesta falta a la administración.

Como hemos mencionado anteriormente la medida es excesiva. La UNSL cuenta con todas las reglamentaciones necesarias para corroborar y evaluar las actividades de los trabajadores docentes. Lo que nos hace pensar que las autoridades se eximen así mismos de sus responsabilidades.

Decimos que rechazamos está ordenanza y pedimos su derogación porque donde la Ordenanza 13/17 dice  “que es prioritario realizar como mínimo el control de las actividades de docencia frente a alumnos, clases teóricas, prácticas y de campo, consultas y evaluaciones, ya que es esa actividad la que principalmente se resiente en caso de incumplimiento y atenta contra el eslabón más débil del proceso de enseñanza y aprendizaje que le da objeto y sentido a la Universidad.”, nosotros decimos y está claro en la ordenanzas de la UNSL que la universidad cuenta en la actualidad con todas las reglamentaciones vigentes (previo a esta a norma) para evaluar y corroborar la actividad docente.

Por ejemplo, la actividad de las clases teóricas frente a alumnos en el aula y prácticas en laboratorio o aula, se da en el marco del cumplimiento de las horas estipuladas en el programa, aprobada por las autoridades pertinentes (el área, departamento y consejo directivos) y evaluadas a través de las encuestas de lxs estudiantes.  El uso del espacio público (lease aulas y laboratorios) es una deuda que tienen las autoridades para con los docentes y los estudiantes.

El trabajo a campo (también contemplado en los programas) no requiere del control como está planteado en la ordenanza 13. Han sido las propias autoridades, el Paritario Olguín entre ellos, quienes han afirmado que  el sistema de control biométrico no funcionaría en este caso y que bastaría con que los docentes indiquen que van a salir al campo, tal cual como se realiza ahora. ¿Qué exactamente lo que este sistema mide?

Las evaluaciones son corroboradas desde lo administrativo con la entrega de las actas firmadas por los miembros del tribunal examinador. La consulta requiere de establecer un debate más profundo en dialogo con lxs estudiantes.

Nuestro sindicato sin embargo considera que la consultas deben ser dictadas principalmente en aulas. Esto atento a la comodidad  para los estudiantes y el hecho consumado que no existen espacios específicos de consulta y que la oficina o boxes no son los lugares más adecuados. En algunos casos hay docentes sin oficina, en otros casos tienen oficinas pero no disponen de suficiente espacio para atender a los estudiantes. Lo que conlleva a lo que ocurre en la actualidad y es que los docentes no tienen otra opción que fragmentar las consultas y en horarios flexibles, todo lo cual se contrapone con la rigidez impuesta por al ordenanza 13 de fijar horarios de consulta vinculados al control biométrico.

Cabe aclarar que esto sería subsanable con un adecuado diagnóstico del uso de las aulas, en tanto es obvio  que existe un pedido de horarios por sobre el crédito horario de las materias, entre otras razones por cuanto hay cursos que solicitan tomar parciales y o recuperaciones por fuera del crédito horario estipulado y aprobado en el programa. Situación que debe cambiar de inmediato.

Resulta discriminatorio al mismo tiempo que sin fundamento que un docente exclusivo deba cumplir 16 horas mientras que el semi 10 y el simple 5.

Rechazamos la ordenanza y pedimos su derogación en tanto no existe elemento alguno en el CCT que permita el descuento de haberes.

Requiere especial atención la situación de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles en donde controles similares a este se aplican desde hace tiempo y además se han naturalizado.  En la ENJPP conviven tres mecanismos de control, como lo entienden las autoridades,  pretendidos sistemas de garantía de  “calidad” educativa. Asi los docentes llenan un libro de temas, controlados por un colega, sin reglamentación vigente alguna que lo avale, solo una tradición de la práctica. Otros docentes fichan y al mismo tiempo son controlados cada 20 minutos para ver si se encuentran en el lugar de trabajo y realizando su tarea. Dicho control lo hace una preceptora designada a tal efecto. La dimensión del “control” omnipresente, que amedrenta y restringe ha moldeado durante años la práctica docente, sin que se pueda establecer el vínculo o círculo virtuoso pretendido e inclusive desmejorándolo.

Insistimos que el control de asistencia no garantiza procesos de enseñanza y aprendizajes significativos. Resulta insultante que se insista sobre lo contrario.

El SiDIU invita a la comunidad universitaria a pensar alternativas a esta Ordenanza punitiva inequitativa y disciplinadora. Convocamos a abandonar el concepto de control como paradigma del trabajo para volcarse a pensar criterios de responsabilidad, evaluación y autoevaluación que incorpore al estar como condición necesaria y no suficiente.

 

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